Pacma paraliza la caza en Castilla y León

En un auto comunicado el 26 de febrero de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estima la medida cautelar solicitada por el partido animalista Pacma y suspende la aplicación del Reglamento de caza de Castilla y León, lo que debe suponer la paralización de toda actividad cinegética en la Comunidad. Una práctica con bastante impacto en la comarca de Las Merindades.

El Partido Animalista obtiene del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la estimación de la medida cautelar solicitada en el recurso que interpuso para impugnar el Reglamento de Caza de Castilla y León (DECRETO 10/2018, de 26 de abril, por el que se modifica el Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre).

Tras varios años de trabajosos litigios, "donde hemos ido impugnando las sucesivas ordenes anuales de caza de Castilla y León -dice la formación- por considerar que el listado de especies cinegéticas y cazables de dichas disposiciones violentan la normativa nacional y las directivas europeas en materia de conservación y protección de la fauna silvestre, hemos conseguido esta medida cautelar que admite nuestros argumentos y que debe paralizar totalmente la caza en Castilla y León, hasta que no se determine si el Reglamento impugnado es o no conforme a derecho".

Además, Pacma acusa a la Administración de intentar parar sus acciones legales, mediante la solicitud del abono de una caución de once millones de euros "por los supuestos perjuicios que la medida solicitada causaría". Sin embargo, esa petición fue denegada.

"Este es un triunfo sin parangón, un primer paso que, desde Pacma, trabajaremos para replicarlo en el resto de Comunidades de nuestro país. Vamos a seguir esforzándonos sin descanso para salvar a los animales que están siendo masacrados sin escrúpulo alguno por sectores minoritarios de población (cazadores) con el apoyo de la Administración y disposiciones, como la impugnada, dictadas por Administraciones interesadas, fuera de todo orden legal", afirman.