Iniciativa Merindades denuncia al alcalde de Valdeporres por presunta "prevaricación" en la gestión de la Residencia Condado de la Revilla
Por un lado, IM entiende que la dirección del centro fue designada a "una persona de máxima confianza del alcalde, sin ninguna titulación académica ni experiencia profesional" referente al cargo. "Desde nuestro grupo municipal se solicita en varias ocasiones la urgencia de adjudicar la plaza a través de concurso público". Para justificarlo, citan el Decreto 14/2001, de 18 de enero, que "describe claramente la función y capacitación del director/a" de los centros de carácter social para personas mayores. Unos requisitos que el partido añade al escrito de denuncia. A 1 de agosto de 2017, "la gerente y la supervisora todavía no cumplen con los requisitos exigidos, para seguir al frente de la Residencia, ni titulación, ni experiencia, pero continúan desempeñando el cargo a jornada completa". Por eso, Iniciativa Merindades considera que ambos nombramientos "se han convertido en fraude de ley".
"Estos nombramientos no cuentan con la aprobación del Patronato de la Fundación Social Valdeporres, por tanto, tenemos que considerar que deliberadamente se omite el cumplimiento de la normativa, por intereses propios", argumenta la denuncia, que para sostener esta información adjunta una copia del cuadro de retribuciones del VII Convenio.colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la autonomía personal.
En el relato de los hechos que IM quiere denunciar, "por fin, el jueves 28 de febrero de 2019, se publica en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de una plaza de director/a de la Residencia de la tercera edad Condado de La Revilla, de la plantilla de personal laboral fijo, media jornada, a cubrir por el sistema de concurso oposición, en turno libre. Pero aun siendo necesaria una dedicación exclusiva a jornada completa, como así venía ocurriendo, se oferta media jornada". El 1 de octubre de ese mismo año, según explica el documento, toma posesión la nueva directora y el presidente nombra toma posesión de su cargo como directora y el presidente nombra supervisoras a la anterior responsable y a la anterior supervisora, "con un salario equivalente al que venían percibiendo, indiciarias de un presunto delito continuado de administración desleal".
Un mes después de la toma de posesión, la nueva directora habría puesto en conocimiento de la Fundación el "incumplimiento de la ratio de personal técnico, así como diferentes irregularidades en la gestión de la exdirectora y supervisora". En el acta de la reunión celebrada el 17 de enero de la Fundación Social Valdeporres, "se acompaña una nota de reparo de la secretaria cuyo literal dice: 'Teniendo en cuenta que el puesto de trabajo de supervisor/a es un directivo intermedio, su nombramiento debe de atenerse a lo establecido en el art.13.2 del RDL 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), atenderá a principios de merito y capacidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia'". Por lo que, según IM, "el presidente pone de manifiesto la organización de personal de la Residencia en el que las citadas personas dejan de desempeñar el puesto de supervisoras, al no disponer de la titulación exigida para el mismo. Estas trabajadoras pasaran a ocupar el puesto de Gobernantas para el que si cumplen los requisitos exigidos en el cargo".
Iniciativa Merindades estima que un grupo de trabajadores de la residencia, "en función de la sumisión y afinidad, no siguiendo criterios de eficiencia y profesionalidad, crean un bloque monolítico de desprestigio hacia la nueva directora". Según el relato de la formación, estos empleados "envían dos escritos quejándose de la eficacia en la gestión de la responsable" y uno de los trabajadores del centro afirma que el documento "se ha realizado en las oficinas del Ayuntamiento", algo desmentido por la secretaria.
El mismo trabajador, en el mes de mayo de 2019, habría acusado a un compañero suyo en los medios de comunicación de "comerse toda la comida de los abuelos, de los residentes", que, según IM, "no consta que la directora de entonces o la Fundación tomaran esas medidas radicalmente, ni consten en el libro de incidencias".
Por otro lado, la denuncia versa sobre el hecho de que, "durante estos años de gestión municipal, la administración y distribución de medicamentos la está realizando personal sin cualificación", algo de lo que la directora habría informado por escrito en noviembre de 2019. También sobre que se estaba "incumpliendo el ratio de personal técnico, y que es necesario la contratación de una enfermera". "Ante la pasividad de la Fundación y su presidente, nuestro grupo político realiza un comunicado de prensa urgiendo a la contratación de una enfermera a media jornada, ya que los costes de personal médico suponen 49.481,64 euros por una jornada laboral de cuatro horas diarias ó provisionalmente se considere el Decreto 14/2019, de 16 de mayo, por el que se regula la atención farmacéutica en centros sociosanitarios y centros residenciales de carácter social para la atención a personas mayores ubicados en la Comunidad Autónoma de Castilla y León", explica el documento.
Un relato de los hechos que finaliza con la siguiente conclusión: "Por tanto, nos encontramos ante un intencionado y grave atentado, con vulneración de derechos civiles y penales, amparado por multitud de derechos fundamentales constitucionalmente y multitud de normativas al efecto, causando indefensión y lesionando de forma efectiva el mínimo derecho a la tutela efectiva, Art.24 C.E., donde, como única salida es la puesta en conocimiento de las instancias judiciales en demanda de restitución de los derechos vulnerados".
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